Trampas para la Transparencia

 

Alejandro Monsiváis Carrillo

amonsi@colef.mx

 

Uno de los retos más importantes para México es construir un sistema de rendición de cuentas pública capaz de prevenir y sancionar la corrupción, hacer valer la legalidad y mejorar la calidad de las políticas públicas. Uno de los logros institucionales más importantes para el país en las últimas dos décadas es la creación de un sistema garantista de acceso a la información pública. La legislación en la materia, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y los sistemas de acceso a la información en las entidades federativas han creado un entramado institucional de avanzada en términos comparativos en el plano internacional y están sentado las bases para fortalecer el Estado de derecho y la rendición de cuentas.

 

Varios años de experiencia en México y en otros países muestran, sin embargo, que las reformas en materia de transparencia y acceso a la información no generan de manera espontánea mejores prácticas en el gobierno. Se requiere la coincidencia de numerosos factores para favorecer el éxito de estas reformas. Por ejemplo, es necesario un sistema de leyes y reglamentos integrado y coherente; se requiere también de que las instituciones públicas tengan la voluntad y el personal capacitado para implementar modificaciones consistentes con la transparencia; y hacen falta organizaciones sociales que  presiones por hacer valer los derechos al acceso a la información, entre muchos otros factores.

 

Uno de los principales retos, sin embargo, es lograr que las prácticas de transparencia y acceso a la información estén sostenidas por instituciones que sean producto de un equilibrio estratégico virtuoso. Es decir, que induzcan a los distintos actores públicos e instancias gubernamentales a organizarse y adaptarse a las exigencias de la transparencia por conveniencia propia. Esto sucede cuando las rutas institucionales se han establecido de tal manera que seguir esas rutas genera más beneficios de los costos que producen. Decirlo es relativamente sencillo; construir este equilibrio en la práctica demanda puede llevarse mucho tiempo por caminos tortuosos y no siempre satisfactorios. Valgan un par de ejemplos para ilustrarlo.

 

Desde su origen, las leyes y órganos estatales garantes de la transparencia han sido recibidos con actitudes divergentes en las entidades federativas. En el contexto del actual sistema federal en México, los gobiernos de los Estados disfrutan de un margen de decisión y acción mucho más amplio que el que tuvieron durante la década de los noventa. Desafortunadamente, actualmente existen pocos contrapesos estatales al poder y la influencia de los gobernadores. El panorama es variado en las 31 entidades y el Distrito Federal, pero la tendencia ha sido encontrar resistencias en los gobiernos estatales a las reformas relacionadas con la transparencia. Las razones para esto pueden ser muchas, pero no es muy aventurado suponer que las resistencias a la transparencia están asociadas al interés de los gobernadores y otros actores en el plano subnacional de conservar áreas donde puedan ejercer con relativa discrecionalidad su poder. Este planteamiento se puede generalizar a las resistencias que han manifestado diversas dependencia estatales y federales, los sindicatos y los partidos políticos a someterse a las reformas a favor de la transparencia.

 

Pero hay otro ejemplo particularmente revelador: también los líderes políticos a escala nacional se debaten entre fortalecer la autonomía del IFAI o introducir mecanismos de distinto tipo para no perder control de las resoluciones de este órgano. La renovación que realizará el Senado de los comisionados del IFAI, luego de la reforma constitucional promulgada el 7 de febrero de 2014, pone en juego el grado de autonomía efectiva que ejercerá este órgano garante. La reforma constitucional da un significativo paso adelante al elevar a rango constitucional la autonomía del IFAI, pero el proceso político deberá revelar si las coaliciones legislativas configuran un Consejo hecho por profesionales capacitados y competentes, o por cuotas o concesiones partidistas.

 

Estos dos ejemplos ilustran las dificultades para lograr que los actores públicos se coordinen de manera efectiva para consolidar las instituciones y las políticas de transparencia. Pero no solo eso: muchas veces son los actores más influyentes, aquellos que podrían desencadenar procesos con mayor alcance en las reformas de acceso a la información, los que maniobran para no perder privilegios concretos o áreas de poder concretas. La ruta de desarrollo institucional por venir y el grado de efectividad que tengan las recientes reformas institucionales dependerán en gran medida del rol que desempeñan los actores políticos más influyentes en cooperar con el ejercicio de la transparencia. Un riego muy grande persiste: si la legalidad no consigue imponerse inequívocamente, muchos optarán por “hacer como que se cumple” si tienen la expectativa fundada de que sus contrapartes y adversarios reaccionarán de la misma manera.