LA REFORMA EDUCATIVA EN TÉRMINOS DE TRANSPARENCIA

Mtra. Celina García Montoya, Coordinadora de Difusión de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN)

 

El propósito de este artículo es hablar del planteamiento hecho en la Reforma Educativa sobre Transparencia y rendición de cuentas en el sistema educativo y discutir la forma en que se pueden lograr estas propuestas, pues se considera que no es suficiente  otorgar un derecho si no existe una apropiación del mismo.

 

En México la educación básica ha funcionado bajo el binomio Estado-SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación), los padres de familia han quedado prácticamente fuera de la importante tarea de educar a sus hijos, a no ser cuando son llamados a recoger boletas de calificaciones o bien a formar parte de algún comité para recaudar fondos, como pedir cuotas o bien organizando algún festival o kermes y, también claro, apoyando desde casa en las tareas escolares. Pero lejos han estado de participar en actividades que coadyuven de manera más efectiva en la formación de sus hijos y en la operación de las escuelas; muchas veces es poco lo que conocen de la formación académica de las maestras/os que les dan clases a sus hijos o de los programas que se  desarrollan dentro de los centros escolares. Aquí vale la pena preguntar ¿son los padres de familia quienes se han mostrado desinteresados en participar de una manera más estrecha en la educación de sus hijos o no han habido mecanismos suficientes para hacerlos entrar en una relación de: maestros, padres de familia y gobierno?

 

Como sabemos la instancia que toma las decisiones en materia educativa es el gobierno federal y aunque en el SNTE no es el lugar donde se originan las reformas ni desde donde se ejecutan, la participación del sindicato en éstas es fundamental, ya que legalmente es el  SNTE el único interlocutor entre maestros y el Estado; su influencia históricamente ha sido determinante. A pesar de que México sea más democrático, a nivel general, en el sector educativo, hay poca participación de otros actores, que poco o nada intervienen en moldear la agenda educativa y en cómo se administra el sector (Santibáñez, 2008).

 

En la reciente Reforma Educativa de 2013 se replantea la forma de participación tanto de padres de familia, maestros, organizaciones civiles y la ciudadanía en general; por ejemplo en la Ley General de Educación (2013, septiembre), se establece la necesidad de que los padres de familia colaboren con las autoridades escolares para la superación de los educandos y en el mejoramiento de las escuelas, también en conocer la capacidad profesional de la planta docente, así como el resultado de las evaluaciones realizadas. El artículo 14 de esta Ley  menciona la necesidad de promover la transparencia en las escuelas públicas y particulares, vigilando que se rinda ante toda la comunidad, después de cada ciclo escolar un informe de actividades y rendición de cuentas a cargo del director del plantel.

 

Significa que los directores tienen la obligación de transparentar sus actividades, esto es poner la información a la vista de todos, sin necesidad de que se solicite, pero igual están obligados a rendir informes claros sobre el manejo transparente y eficiente de los recursos que sean otorgados por los gobiernos y también los que sean generados por los propios padres de familia u organizaciones.

 

Respecto a los maestros/as la Ley General del Servicio Profesional Docente (2013), en su artículo segundo, fija que entre los objetivos de esta Ley, es asegurar la transparencia y rendición de cuentas en el tema de los docentes. Se establece que para el ingreso de los maestros se harán convocatorias públicas para los concursos de oposición, la selección se  hará con base en el mérito a través de reglas claras y transparentes y que las evaluaciones se llevarán a cabo conforme a la Ley, de manera transparente, objetiva y justa, además, bajo pleno respeto a los derechos laborales de los maestros/as.

 

De alguna manera, otorgar este derecho a la ciudadanía es una forma de responder a una vieja demanda de la población de transparentar la forma en que se otorgan las plazas, cómo se gasta el dinero que llega a las escuelas, etcétera, sin embargo, no es suficiente con establecer el derecho a la transparencia en estos temas, si no se socializa entre padres de familia, maestros/as y ciudadanía en general, que son quienes pueden hacer posible el cumplimiento de los mismos; se requiere fijar mecanismos que permitan su incorporación bajo los nuevos esquemas de participación. Dar este tipo de facilidades de alguna forma contribuye a la democracia de nuestro país, significa “construir mejores ciudadanos, con más poder, pero también con mayores responsabilidades” (López, 2012). Convencer a la ciudadanía de que conozca y ejerza este derecho es tarea de todos/as y del Estado y Sindicato el desarrollar las mejores formas de participación a favor de la educación.

 

REFERENCIAS: