- ItaipBC

EXHORTA EL ITAIPBC AL CONGRESO DEL ESTADO REFORMAR LA LEY DE TRANSPARENCIA, EN MATERIA DE COSTO DE ENTREGA A LOS CIUDADANOS DE INFORMACIÓN EN COPIA CERTIFICADA.

Mexicali, Baja California a 18 de junio del 2018. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California (ITAIPBC), presentó un oficio donde realiza sugerencias al Poder Legislativo para reformar la Ley de Transparencia del Estado, en lo que respecta a los costos que deben pagar los ciudadanos para obtener información cuando la solicitan certificada.

Actualmente la Ley de transparencia en su artículo 134 establece: “En caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse de manera previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma del costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información relativo a copias fotostáticas, papel, fotografías, uso de fotocopiadoras, uso de escáner; o bien cualquier otro medio en los que se puede contener la información como discos compactos, dispositivo de almacenamiento de datos puesto en USB, tarjetas de memorias y cualquier otro medio existente. En caso de copias simples se entregarán en forma gratuita hasta 20 fojas.

En el caso de la solicitud de información requiera de documentos certificados, los costos de reproducción o emisión son determinados en la Ley de ingresos de cada sujeto obligado, ya se del Poder Ejecutivo, el Legislativo o los Ayuntamientos, según sea el caso. Éstos establecen diferentes costos por foja o documento que varían de $15 pesos a $122 por cada foja o documento certificado”.

De ahí la necesidad de reformar la Ley de transparencia para que sea esta Ley la que ponga reglas y límites a los costos de reproducción de la información, y no las leyes de ingresos, principalmente cuando ésta tenga el carácter de copia certificada, porque en las condiciones actuales, obtener copia certificada puede resultar en cifras estratosféricas que debe pagar el ciudadano, lo cual hace inaccesible la transparencia e inviable la rendición de cuentas.

Es ese sentido, la propuesta contempla una estrategia que consiste en que la Ley de Transparencia, como Ley especializada, sea la rectora en la determinación de los costos de reproducción, y no la Ley de Ingresos de cada sujeto obligado, según corresponda.

LA PROPUESTA DE REFORMA AL ARTICULO 134 DE LA LEY DE TRASPARENCIA contempla los siguientes puntos:

La información deberá ser entregada sin costo en los siguientes supuestos:

I. Cuando implique la entrega de no más de cien hojas simples.

II. Tratándose de información enviada en documento digital, por vía electrónica.

III. En los casos en que se solicite información en copia simple o certificada, con el propósito de realizar una denuncia de actos de corrupción o violación de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, reconocidos por nuestra Constitución, previa justificación por parte del solicitante.

IV. Por regla general se deberá realizar un solo pago de derechos de certificación en los casos no contemplados en la fracción anterior; por solicitud de información, por documento y no por cada foja.

El Comisionado Presidente del ITAIPBC, Octavio Sandoval López mencionó, “Solamente se tienen dos casos en los que la solicitud de información y la resolución del ITAIPBC resulto impagable para el ciudadano, el primero de ellos por más de $100,000 y el otro por cerca de un millón de pesos, según lo manifestaron los ciudadanos este Órgano Garante, por lo que esas resoluciones están incumplidas por falta de pago.

Con esta reforma, agregó, “evitaremos que el costo de acceso a la información, cuando se obtengan copias certificadas no represente un obstáculo económico para la transparencia y la rendición de cuentas, pero sobre todo en virtud de que el Instituto de Transparencia, juega un papel fundamental y es uno de los pilares del Sistema Estatal Anticorrupción, ya que es por la vía de solicitudes de información certificada, donde se va a obtener evidencia cuando se presuman actos de corrupción y se presente una denuncia, por tal motivo el costo económico no debe ser un obstáculo para que se pueda acceder a la información y se materialice la rendición de cuentas reiteró”.